Lo que el acta no dice y la derrama sí: cómo auditar la comunidad de propietarios antes de comprar
Photo: DXR, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Hay un gasto que no figura en ningún anuncio inmobiliario y que, sin embargo, condiciona la economía doméstica durante décadas: la comunidad de propietarios. Un edificio con la fachada pendiente de rehabilitación puede añadir a la compra un sobrecoste de diez o doce mil euros repartidos en cuotas mensuales que nadie mencionó en la visita. Antes de firmar, merece la pena dedicar dos tardes a leer papeles.
La deuda que viaja con la vivienda
El artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal obliga al vendedor a entregar al comprador una certificación del secretario-administrador, con el visto bueno del presidente, en la que conste que la vivienda está al corriente de pago de los gastos comunes. Ese documento no es un trámite: es la frontera entre la deuda ajena y la propia.
La regla general es que el adquirente responde con la vivienda transmitida de las cuotas correspondientes al año en curso y a los tres anteriores. Ahora bien, si en el título de transmisión se hace constar la declaración del vendedor de estar al corriente —y esa declaración resulta cierta—, el comprador queda liberado de esa responsabilidad. Si resulta falsa, la reclamación acaba dirigiéndose contra quien la firmó, pero el conflicto ya está servido.
De ahí la primera instrucción: no acepte fotocopias sin firma ni correos del administrador. Exija la certificación formal y verifique que el saldo a cero incluye tanto las cuotas ordinarias como las extraordinarias ya aprobadas.
Qué documentos pedir, uno por uno
La lista mínima que recomendamos es la siguiente:
- Certificación de deuda con fecha actualizada, firmada y sellada.
- Actas de juntas de los últimos cuatro o cinco años, tanto ordinarias como extraordinarias. Es el documento más revelador de todos.
- Presupuesto anual en vigor y liquidación del ejercicio anterior, para saber si las cuotas cubren los gastos reales o si arrastran déficit.
- Estado del fondo de reserva, que por ley no puede ser inferior al 10 % del último presupuesto ordinario.
- Certificados de la Inspección Técnica del Edificio (ITE) o del Informe de Evaluación del Edificio (IEE), según la normativa autonómica, y el informe de conservación si existe.
- Póliza del seguro de la comunidad y último recibo de la prima.
- Contratos de servicios relevantes (portería, ascensor, jardinería, mantenimiento de calderas) y su vigencia.
Pida también los datos de contacto del administrador. Una llamada de diez minutos permite aclarar si hay litigios abiertos con un constructor, si existe una sentencia pendiente de ejecución o si el fondo de reserva está intacto.
La derrama invisible: aprobada y no pagada
Las actas cuentan una historia que los recibos no reflejan. Una junta de 2024 puede haber aprobado el cambio de ascensor por 120.000 euros, repartidos en cuotas de 80 euros mensuales durante diez años, y el vendedor puede haber pagado solo la mitad. En la escritura, esa deuda pasa al comprador salvo pacto expreso en contrario.
La forma de detectarlo es cruzar tres fuentes: el acta donde se aprueba la obra, el estado de cuentas del ejercicio siguiente y la certificación de deuda. Si la obra costaba 120.000 euros y el saldo del fondo de reserva apenas ha variado, es que el pago se está financiando con cuotas que seguirán corriendo después de la venta.
Hay una segunda trampa, más sutil: la obra aprobada pero todavía no cuantificada. Aparece en el acta como un mandato a la junta directiva o al administrador para «solicitar presupuestos». Ese proyecto no genera cuota hoy, pero llegará. Y llegará cuando el titular sea otro.
Qué obras pueden obligar y cuáles no
La Ley de Propiedad Horizontal fija mayorías distintas según el tipo de intervención:
- Las obras de conservación y mantenimiento del edificio, así como las de mejora de la accesibilidad, se aprueban con el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que además deben representar las tres quintas partes de las cuotas de participación.
- Las que afectan a la estructura, al cerramiento o a los elementos comunes esenciales, y las que modifican el título constitutivo, exigen unanimidad.
- La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o de infraestructuras de autoconsumo puede aprobarse con mayorías más flexibles si se solicita por el procedimiento previsto en la norma.
En edificios antiguos, las derramas más habituales tienen nombre propio: rehabilitación de fachada y cubierta, eliminación de amianto, sustitución de la instalación eléctrica, adaptación del portal a la accesibilidad o reparación de la estructura cuando la ITE sale desfavorable. En varios de estos supuestos, la obra no es opcional: la administración autonómica o municipal puede imponer un plazo de ejecución.
Cómo trasladar el coste al precio
Aquí la técnica es tan importante como la información. La vía más limpia es la retención de una cantidad en el precio de compra, con pacto expreso de que se liberará cuando se acredite el pago íntegro de la derrama pendiente. La segunda es una condición suspensiva en el contrato de arras: la compraventa se perfecciona solo si el vendedor aporta la certificación de deuda a cero.
Si el vendedor se niega a ambas, existe una tercera opción que rara vez falla como argumento: cuantificar la derrama futura, proyectada a valor actual, y restarla del precio ofertado. No se trata de regatear por sistema, sino de pagar por el inmueble lo que el inmueble vale, incluidas sus obligaciones.
Un ejemplo ilustrativo: un piso de 90 metros con una derrama de 9.000 euros pendiente en cuotas de 75 euros al mes. Al comprador le supone casi cuatro años de sobrecoste mensual. Si la comunidad tiene además una rehabilitación de fachada previsible de 6.000 euros, el sobrecoste total ronda los 15.000 euros, el 5 % del precio en muchas capitales de provincia.
El detalle que casi nadie mira
Por último, preste atención al régimen ordinario de gastos: un edificio con calefacción central de gasóleo, portería a tiempo completo y piscina descubierta puede tener cuotas de 200 euros mensuales, mientras otro sin esos servicios baja a 60. Esa diferencia, sumada a lo largo de la vida del préstamo, pesa más de lo que parece en el presupuesto real de comprar un piso.
La comunidad no se ve en las fotos. Se ve en las actas. Y a diferencia del precio, es la única parte de la operación que exige leer.