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El piso que ya viene alquilado: cómo leer el contrato antes de pagar por una rentabilidad que aún no es tuya

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El piso que ya viene alquilado: cómo leer el contrato antes de pagar por una rentabilidad que aún no es tuya

Photo: Ministry of Information Photo Division Photographer, Public domain, via Wikimedia Commons

En los portales inmobiliarios abundan ya los anuncios con un reclamo casi idéntico: «vivienda con inquilino, rentabilidad desde el primer día». Para quien compra con intención de invertir, la promesa resulta atractiva; para quien busca vivienda propia, se convierte en un obstáculo. En ambos casos conviene entender que esta compraventa no es la habitual: suma un tercer actor —el inquilino— que no firma ninguna escritura y que, sin embargo, condiciona absolutamente todo.

La venta no extingue el contrato

El punto de partida es una regla que conviene memorizar: enajenar una vivienda arrendada no rompe el arrendamiento. El artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) dispone que el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones del arrendador. Da igual que el contrato se firmara en 2021 o en 1988, que esté inscrito en el Registro de la Propiedad o no: si existe arrendamiento, el nuevo dueño hereda la relación con todas sus consecuencias.

La misma norma reconoce al inquilino un derecho de adquisición preferente. Antes de la escritura hay que acreditar que se le ha notificado la venta en las condiciones pactadas, en unos plazos que se cuentan en días naturales. Si ese trámite se omitió en una transmisión previa, el arrendatario todavía podría ejercitar el retracto, con el consiguiente lío registral. Es un punto que debe revisar el notario, no el agente comercial.

Los tres documentos que hay que leer con lupa

El anuncio dice «alquilado por 950 euros». Ese dato, por sí solo, no vale nada. Lo que importa es el contrato y su rastro documental:

Añada a esa lista el historial de actualizaciones anuales. Desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, las subidas se vinculan al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) y, en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, existen límites adicionales a la renta inicial. Revisar si el propietario ha aplicado la fórmula pactada —y no otra— es imprescindible: un inquilino con subidas mal aplicadas acumula derecho a reclamar.

La renta antigua: el gran descuento y su factura

El nicho más llamativo del mercado es el de los contratos anteriores a 1985. Un piso de 75 metros en el centro de una capital con una renta de 280 euros al mes puede anunciarse un 35 % por debajo de su valor de mercado, y el descuento no es un regalo del vendedor: es el precio de no poder disponer del inmueble.

La renta antigua se transmite por subrogación a favor del cónyuge o de determinados familiares y se extingue, en la práctica, con la vida del arrendatario. Es decir, el comprador puede esperar dos años o veinte. Además, las actualizaciones anuales están intervenidas y las obras de mejora solo pueden trasladarse a la renta en los supuestos y con los límites que fija la norma. Aquí no se compra un flujo de caja actual: se compra una opción sobre un inmueble a largo plazo.

Cuándo el descuento compensa

La tentación de responder «siempre» es alta; la respuesta honesta es «a veces». Un descuento razonable se mueve, según nuestro análisis de operaciones recientes, en una horquilla del 20 % al 35 % sobre el precio de mercado, y solo tiene sentido si se cumplen varias condiciones a la vez:

  1. Que el contrato tenga por delante al menos tres o cuatro años de vigencia natural, de modo que el comprador pueda planificar sin depender del azar.
  2. Que la renta actual, comparada con el precio que se paga —no con el precio del anuncio—, arroje una rentabilidad bruta mínima del 4 %.
  3. Que el inquilino tenga un historial documentado de pagos puntuales y no existan reclamaciones cruzadas.
  4. Que la comunidad de propietarios no tenga en marcha obras que exijan desalojar la vivienda.

Si falta cualquiera de estos cuatro elementos, el descuento deja de ser una oportunidad y se convierte en un problema aparcado.

Cuándo es, directamente, un problema

Hay señales que deberían frenar la operación. La primera, un contrato verbal o sin fianza: sin documento, el comprador no sabe qué está adquiriendo. La segunda, una renta muy por debajo de mercado en un contrato reciente y no sujeto a límites legales, lo que sugiere una parte del pago al margen. La tercera, la existencia de impagos, subarriendos no autorizados o un uso turístico no permitido por los estatutos de la comunidad.

También conviene desconfiar de los pisos que se venden «libres de inquilinos» cuando en realidad existe un contrato en vigor: la cláusula por la que el arrendatario renuncia de antemano a sus derechos es nula, y no hay firma que la salve. Y hay un supuesto que se pasa por alto con frecuencia: viviendas en edificios donde la comunidad ha limitado el uso turístico con la mayoría reforzada que permite la Ley de Propiedad Horizontal. Comprar pensando en explotarla como alojamiento vacacional puede chocar con un acuerdo vecinal perfectamente válido.

La comprobación que cierra la operación

Antes de firmar arras, pida por escrito: contrato completo con anexos, justificantes de pago de los últimos veinticuatro meses, certificación de estar al corriente de las cuotas de comunidad, nota simple registral actualizada, último recibo del IBI y el certificado energético. Después, verifique que la renta declarada coincide con la que figura en el contrato y con la que se ingresó.

Comprar con inquilino dentro puede ser una operación excelente: permite entrar en el mercado con descuento, evita meses vacíos y ofrece una rentabilidad modesta pero estable. Pero exige una condición no negociable: leer el contrato antes de pagar por él. La rentabilidad que se anuncia no es la que se compra; la que se compra es exactamente la que está escrita.

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